Acciones y omisiones en políticas públicas sobre nuestro patrimonio genético

Abstract

Durante siglos, los recursos genéticos (RG) fueron considerados patrimonio de la humanidad. Por eso, el intercambio entre los países era libre. A partir de la década del cincuenta, el germoplasma mejorado comenzó a remplazar a pasos agigantados a las variedades y especies locales al tiempo que se fomentaron grandes colectas, sobre todo de ejemplares vegetales. A partir de la Convención de la Diversidad Biológica (CDB), durante la Cumbre de la Tierra en Río 1992 (Brasil) se cristalizaron varios procesos y tensiones que expresaban la preocupación internacional sobre la rápida pérdida de la biodiversidad (Swanson, 1999). La CDB reafirma que los estados tienen derechos soberanos sobre sus propios recursos biológicos, al tiempo que los responsabiliza de la conservación de su biodiversidad y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos (Naciones Unidas, 1992). La CDB es un hito a nivel de los acuerdos internacionales vinculados con la biodiversidad, que se continúa como un proceso dinámico –actualmente en revisión– para promover una nueva propuesta luego de 30 años de recorrido. Las partes se comprometieron a llevar adelante los objetivos de la convención, por ejemplo, mediante políticas públicas. Considerando que las normas son instrumentos de la política pública, su revisión permitiría mostrar lo que estas políticas propician por acción u omisión (Jaime et al., 2013). En tal sentido, este artículo se plantea el repaso de las normativas nacionales y provinciales desde Río 1992 a la fecha, prestando atención a la adecuación a los diversos tratados y acuerdos internacionales que abordan el tema diversidad biológica, diversidad genética, uso sustentable, y acceso y participación de los beneficios (ABS, por sus siglas del inglés access and benefit sharing). En este proceso se observa un incremento de las regulaciones para el acceso y uso, y una lenta y paulatina adecuación de las normas locales a los acuerdos ratificados por el país. A pesar de las décadas transcurridas, nuestro país no cuenta con una norma nacional sobre acceso y uso de RG, aunque sí posee normas provinciales que de algún modo regulan el acceso y el uso, especialmente con motivos de investigación científica (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable [SAYDS], 2019). Considerando la historia, los antecedentes y la perseverancia en sus acciones, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un actor preponderante en el ámbito de los RG. Inició sus trabajos a fines de la década del cincuenta y en 1985 organizó la Red de Recursos Fitogenéticos. Actualmente cuenta con un programa por área temática de Recursos Genéticos y Mejoramiento, que se aboca a la conservación de la diversidad genética en los sistemas agropecuarios y forestales con un enfoque holístico y territorial. El programa se despliega desde la conservación dinámica in situ en sistemas naturales y productivos hasta la representación del país ante foros internacionales. Su estrategia de trabajo considera la integración con todos los actores para lograr sinergias que incluyan su uso y por lo tanto beneficien a la producción y su sostenibilidad con un enfoque socioecológico (Berkes, 2003). En el contexto de cambio climático en el que nos encontramos –para prevenir y superar los desequilibrios ambientales y atentos al estado de todos los RG en el país– es imperioso preservar, restaurar, utilizar en forma sostenible y conservar la diversidad genética. En este sentido, cobran importancia otros aspectos a tener en cuenta además del acceso, como son el monitoreo del estado de situación de los diversos RG (plantas, animales, microorganismos y forestales) y las estrategias para un uso sostenible y la conservación complementaria in situ y ex situ, principalmente en bancos de germoplasma. Estos aspectos son relevantes y también forman parte de los acuerdos internacionales. Al respecto, este trabajo recorre los marcos legales y muestra los vacíos existentes considerando los componentes señalados. Finalmente brinda recomendaciones de políticas que permitan fortalecer la estrategia nacional sobre el patrimonio genético argentino.