Territorio y ambiente. Familias crianceras del Área Natural Protegida Tromen (Neuquén)

Abstract

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, sus siglas en inglés), las áreas protegidas son aquellas que, mediante marcos legales e instrumentos de gestión, se destinan a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica y a los recursos culturales a ella asociada (Borrini-Feyerabend, Kothari y Oviedo, 2004). En América Latina, Goldberg et al. (2016) afirman que las áreas protegidas se encuentran amenazadas por factores externos, como aquellos asociados al cambio climático, la presión por el uso de la naturaleza y el desarrollo de infraestructura; y factores internos, como falta de planificación, y de apoyo político y económico, mediante la provisión de recursos financieros y capacidades institucionales. En Argentina, según datos de 2006, hay 360 áreas protegidas, incluyendo aquellas que están a cargo de la Administración de Parques Nacionales, de otros organismos públicos de diferentes niveles del Estado y de algunas organizaciones sin fines de lucro. Abarcan casi 19 millones de hectáreas (6,78%) del territorio nacional, principalmente (78%) de tipo “protección parcial”, donde se permite la presencia de población y el uso de la naturaleza para ganadería, uso forestal y caza (Burkart, 2006). Diversas investigaciones analizan la problemática de las áreas protegidas a partir de los enfoques sobre el territorio, especialmente aquellos que lo entiende como aquel determinado a partir de relaciones de poder, donde puede existir tanto una efectiva como una pretensión de control. Este modo de territorialidad que se establece se plantea no sólo en términos de la localización del lugar a controlar, sino a través de prácticas como los procesos de gestión, específicamente los planes de manejo (Santos, 2009), y de los modos de apropiación simbólicos, como cambios en las representaciones mediante las que las comunidades establecen su vínculo con el espacio y a través de normativas legales (Azuela y Mussetta, 2009). Alimonda (2011) recuerda que el Estado es un “gran distribuidor” dentro de los procesos de apropiación de la naturaleza, delineando las macropolíticas de gestión ambiental en sus territorios. En las áreas naturales protegidas, esta intervención ha servido para definir las actividades permitidas y prohibidas en diferentes espacios, aunque ha tomado diferentes formas a lo largo de la historia y en los lugares . Goldberg et al. (2016) sostienen que la 1 evolución de las áreas protegidas depende de las agendas político-económicas, siendo que la insuficiencia de medios financieros y capacidades institucionales y humanas limitan la gestión y generan que las ANP se constituyan en solo instrumentos legales sin que puedan aplicarse en la realidad. Santos (2009; 2010), analizando un área protegida uruguaya, considera que las formas de gestión del área tienen impactos directos en el área de amortiguación e indirectos en otras cercanas. Por ello, siguiendo a Caruso (2015), es necesario que las áreas se consideren no sólo en función de sus límites y a los procesos ecológicos, sino a partir de los procesos sociales y económicos que a ellas están vinculados. En la Patagonia Norte, los estudios de ANP se han centrado en los parques nacionales y su conformación histórica, identificando los diferentes períodos y objetivos que hubo de creación. Las primeras se crearon a inicios del siglo XX, con objetivos ligados a la protección de paisajes “naturales”, la conformación y protección de los territorios, la configuración de una identidad colectiva y la delimitación de “pobladores elegidos” (Fortunato, 2005; Navarro Floria, 2008; Nuñez, 2008; Núñez, Matossian y Vejsbjerg, 2012). Se basaron en la corriente preservacionista que creó los primeros parques nacionales en Estados Unidos (Scarzanella, 2002), ligados a la belleza escénica, el turismo y la recreación (Nuñez, Matossian y Vejsbjerg, 2012). En una segunda etapa, que comenzó en los años 80’s, esta visión fue reemplazada por otro paradigma basado en el uso sustentable de especies y ecosistemas. Desde este paradigma, el gobierno de las ANP tenía como objetivo definir el tipo de actividades habilitadas, tanto en relación a la población como a la naturaleza que busca ser conservada (Santos, 2009). Sin embargo, Núñez, Matossian y Vejsbjerg (2012) sostienen que estos tuvieron menos relevancia en la política regional y han sido menos estudiadas en la zona. Esta investigación se concentró en un área de este segundo período, de nivel provincial: el ANP El Tromen. En este trabajo se busca reconstruir las trayectorias de las familias crianceras que producen en dicha área y analizar los problemas ambientales que identifican y las prácticas o soluciones que proponen para evitarlos o mitigar sus efectos. Para ello, se trabajó principalmente con 15 entrevistas realizadas a familias crianceras entre 2018 y 2019. Complementariamente se utilizará información proveniente principalmente de fuentes secundarias, documentos oficiales (legislación, planes de manejos, informes y relevamientos técnicos, entre otros) y entrevistas a informantes clave realizadas en el año 2018. 2